El congresista Jaime Buenahora, del Partido de la U, impulsa un proyecto que busca limitar las indemnizaciones para las víctimas del Estado, pues considera que "con base en demandas contra el Estado, se obtienen inmensos beneficios individuales, desproporcionados e injustos, aún en los casos en los cuales el daño producido por el Estado y sus agentes es real".

El proyecto del congresista reformaría la Constitución para que sea el Congreso quien regule cuáles son los tipos de daño que merecen indemnización, fije sus montos y establezca condiciones y limitaciones para las demandas.

La razón para impulsar esta reforma es que, según cifras de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, actualmente están activos 393.851 procesos judiciales contra la Nación, cuyo pago representaría unos $226 billones de pesos. 

La exhorbitante cifra representa casi todo el presupuesto de la Nación para el presente año. Por lo que algunos sectores en el legislativo aseguran que es necesario detener este 'sangrado'.

El congresista Germán Navas, del Polo Democrático, señaló, sin embargo, que la reforma representaría un "mico para la Constitución", puesto que el Estado debe reparar económicamente a quienes les genere -por acción u omisión- un daño específico y, con esta ley, se busca establecer límites, condicionamientos o exclusiones a la responsabilidad estatal.
 
Por esto, Navas asegura que se pretende limitar el derecho a las víctimas de acceder a la justicia.
 
Según revela la revista Semana, las entidades estatales en las que se concentra el mayor número de indemnizaciones son: El sector Defensa y la Policía con $689.008 millones; la Fiscalía, $75.832 millones; El ministerio de Justicia, $44.688 millones; el de Hacienda, $37.416 millones; Transporte, con $32.476 millones; la rama judicial, $25.497 millones; Minas y Energía, $18.726  millones; organismos de control, 15.831 millones; y el sector agropecuario, $13.529 millones.